San Pablo - El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que desde abril del año pasado purga una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero, fue sentenciado ayer a 12 años y 11 meses de prisión por cargos similares en otra causa.

Un tribunal de primera instancia de Curitiba (sur) estimó que el exmandatario de izquierda (2003-2010), de 73 años, se había beneficiado de reformas en una hacienda en Atibaia (interior de San Pablo), ofrecidas por constructoras a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras.

Los gastos ascendieron a 1,26 millones de reales, 340.000 dólares al cambio actual.

También recibieron penas el dueño de la casa de campo, Fernando Bittar, el responsable de las obras, José Carlos Bumlai, y cuatro personas más, informó el diario Folha de São Paulo.

El fallo puede ser apelado.

El pago de las obras en la propiedad por parte de Odebrecht fue revelado en enero de 2016 por el diario Folha de Sao Paulo.

Bittar, un viejo amigo de la familia de Lula, cedió temporalmente la propiedad al expresidente en 2010 para que pudiera disfrutarla con su familia.
No obstante, según la Justicia, pese a no ser el propietario de la casa de campo, Lula se benefició ilegalmente de las reformas en la misma por parte de empresas que fueron favorecidas en su Gobierno con contratos amañados con la petrolera estatal .

'Es un hecho que la familia del expresidente era una frecuentadora asidua el inmueble, así como que lo usufructuó como si fuera una donación', escribió la jueza Gabriela Hardt.

Para los fiscales, Lula 'capitaneó un esquema criminal' y, 'de modo consciente y voluntario', ocultó el origen del dinero usado para las obras en la propiedad.
La jueza Gabriela Hardt estimó en su sentencia que 'la culpabilidad (de Lula) es elevada', pues 'recibió ventajas indebidas en función de su cargo de presidente de la República, de quien se exige un comportamiento ejemplar'.

La condena se dio en el marco de la operación 'Lava Jato' (lavadero de autos), que desde 2014 inculpó o enjuició a decenas de empresarios y políticos de primer nivel, relacionados con una red de sobornos centrada en la petrolera.

Las penas de prisión en Brasil son acumulables, pero en total no pueden exceder los 30 años.

La noticia, con un retrato de Lula, fue tuiteada por el presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, quien durante la campaña prometió que, de ser electo, el exlíder sindical iba a 'pudrirse en prisión'.

Por el contrario, la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, repudió la sentencia.
'La persecución de Lula no para', afirmó.

La primera sentencia de cárcel para Lula llegó en julio de 2017, cuando el por entonces juez federal Sérgio Moro lo condenó a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y blanqueo de dinero.
El ahora ministro de Justicia de Bolsonaro, lo consideró beneficiario de un departamento en el balneario paulista de Guarujá, según señaló ofrecido por la constructora OAS a cambio de contratos en Petrobras.

En enero del año siguiente, un tribunal de segunda instancia elevó la pena a doce años y un mes de reclusión, que Lula comenzó a cumplir el pasado abril.

Según la jurisprudencia en curso, las penas pueden ser de cumplimiento efectivo tras sentencia en un tribunal de alzada, pero la misma es disputada por quienes se apoyan en que la Constitución veda esa posibilidad hasta que exista sentencia firme.
El tema podría volver al Supremo Tribunal Federal en los próximos meses.

La jueza Hardt, que condenó al exmandatario en esta nsegunda causa, sustituyó a Moro tras el paso de este a la política.

Agencias Télam, AFP, Reuters y ANSA,

y Ámbito Financiero

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