Rápido de reflejos y tras la controversia por el desplazamiento del juez Sebastián Casanello de la causa por los falsos aportantes de Cambiemos, el juez federal Ariel Lijo -que tiene otro tramo de la investigación- pidió a la justicia electoral los balances donde consten los estados contables relativos a los gastos de campaña electoral del año 2015 correspondientes a 'Cambiemos'.
Esto como un intento de evitar que pueda unificarse el expediente bajo el nuevo magistrado que fue sorteado luego de la decisión del camarista Martín Irurzun dispusiera correr a quien tenía a cargo ese tramo sobreviviente en Comodoro Py.
Además solicitó varias medidas de prueba relacionadas con las empresas que prestaron sus servicios en esa campaña.
Esas solicitudes fueron cursadas a la AFIP y a la Inspección General de Justicia para obtener información puntual sobre las firmas CHK servicios audiovisuales, Cap publicidad y Televaz.

Lijo solicitó al juzgado federal electoral que informe autoridades y apoderados, autoridades de campaña y responsables de administración rendición de cuenta de la campaña del partido Cambiemos.
El caso se inició con una investigación preliminar que hizo el fiscal Jorge Di Lello a través de las cuales se describían diversas maniobras que se habrían llevado a cabo con los gastos de campaña de 'Cambiemos' relativos a las elecciones presidenciales llevadas a cabo durante 2015.
A fines del año pasado, el fiscal Ramiro González pidió que se abra una investigación para determinar si se cometieron delitos para financiar la campaña electoral presidencial de Cambiemos 2015, en la que finalmente Mauricio Macri fue elegido.
La Cámara Nacional Electoral desaprobó los balances de todas las principales fuerzas políticas que participaron, entre ellas Cambiemos y el Frente para la Victoria.

Las maniobras investigadas consistirían en el pago a diferentes proveedores de millonarias sumas dinerarias 'en negro' durante la referida campaña electoral, como así también el desvío de recursos pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -desde el Ente de Turismo de esa ciudad, en ese entonces a cargo de Fernando De Andreis- con el objeto de afectarlos a gastos relativos con las elecciones presidenciales llevadas a cabo durante 2015.

La hipótesis bajo investigación también apunta a detectar si existen referencias a pagos en efectivo a proveedores relacionados con distintos actos de Mauricio Macri en diferentes puntos del país, los cuales son incongruentes con el informe de campaña presentado en la Justicia Electoral.
Y si eventualmente fueron falseados o subfacturados.

En tanto, la Justicia pidió que se requiera a la AFIP que -previo levantamiento del secreto fiscal- remita, respecto a las firmas 'CHK Servicios Audiovisuales SRL', 'CAP Publicidad SRL' y 'Televaz', la totalidad de las constancias obrantes en cada uno de los rubros de la base informática E-FISICO, incluyendo padrón completo, inscripción declaraciones juradas de impuestos nacionales (IVA, impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales, impuesto a la ganancia mínima presunta, etc); detalle de los rubros de las declaraciones juradas respectivas y papeles de trabajo; información suministrada por otros sujetos obligados, incluyendo la referente a compra-venta de inmuebles, automotores, embarcaciones, aeronaves y otros bienes registrables; Movimientos Bancarios, consumos relevantes, operaciones de comercio exterior, etc.; Base Apoc -facturas apócrifas-, Nómina salarial, Sueldos percibidos, etc.; la totalidad de la información que surja de las bases de datos aduaneras y la información laboral que surja de la base 'EMSYAS'.
Asimismo, deberá remitir la totalidad de las constancias por las fiscalizaciones que se hubieran efectuado a las firmas señaladas precedentemente.

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